Salut adelantará al primer trimestre la prueba de malformación fetal. Ahora mismo se hacen durante el segundo, aunque en algunos centros esta diagnosis ya se aplica. Antes de que termine el año se pretende extender a todos los centros públicos y a todos los casos esta opción con la que se pretende detectar antes las anomalías congénitas para que las madres puedan abortar antes de la semana 22 de gestación.

Catalunya quiere encabezar el debate sobre la reforma de la Ley del Despenalización del Aborto, que data de 1985, a pesar de que el PSOE no prevé modificar la normativa.

Todas las malformaciones no se pueden encontrar antes de la semana 22. Más allá de esta fecha, Salut protegerá a los médicos que acompañen a las embarazadas a abortar. Se esgrimirá el supuesto referido al peligro grave para la salud física o psíquica.

Cada hospital contará con una comisión (pediatras, psiquiatras, genetistas obstétricos…) que tomará decisiones compartidas, caso por caso, sobre si se puede abortar. 60 mujeres al año abortan por una malformación, pasado el plazo.

Se creará un registro de profesionales objetores de conciencia para no abortar. Aun así, «cuando haya peligro grave o de muerte para la madre no se debe poder hacer objeción», subrayó la consellera de Salut, Marina Geli.

La mayoría de abortos se practica ahora en centros privados (97%), de manera que las madres sin recursos ven financiado un 20% de la interrupción, a través de una ONG. Salut quiere que la pública también haga más abortos: con prioridad sobre supuestos legales y grupos vulnerables. Se ampliará la cobertura y la financiación.